La protección de los estudiantes en formación práctica exige construir buscando la calidad

La Red de Fundaciones Universidad-Empresa (Red FUE), que agrupa a fundaciones universidad-empresa de España y lleva décadas impulsando y gestionando los programas de prácticas académicas, valora positivamente cualquier iniciativa que refuerce los derechos de los estudiantes en formación práctica. Sin embargo, la puesta en marcha del Buzón de denuncias anónimas y el impulso simultáneo del Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral nos obligan a trasladar una preocupación fundada: cuando la respuesta política a un problema estructural se articula principalmente a través de mecanismos de denuncia y sanción, sin fortalecer los sistemas que hacen posible la formación práctica de calidad, el resultado no es más protección sino menos disposición de las entidades colaboradoras a participar en un modelo que, en España, se sostiene sobre la responsabilidad social y la confianza institucional, no sobre el interés económico directo.

1. Una cuestión de principio: no son «becarios», son estudiantes en prácticas

Antes de entrar en el análisis de las medidas, la Red FUE considera imprescindible señalar algo que, a su juicio, debería estar fuera de toda discusión: la figura del «becario» no existe en nuestro ordenamiento jurídico como categoría propia. Las personas que realizan prácticas en el marco de un convenio de cooperación educativa son estudiantes en formación práctica, amparados por un proyecto formativo y supervisados por una doble tutorización académica y profesional.

Utilizar el término «becario» —como hace de forma sistemática la comunicación en torno a estas medidas— perpetúa precisamente la ambigüedad que favorece los abusos que se pretenden combatir, porque difumina la naturaleza formativa de la relación y la separa de su marco legal. Esta no es una discusión semántica: es una cuestión de enfoque. Y el enfoque condiciona todas las políticas que se derivan de él.

2. Esto es formación: que legisle quien corresponde

La Red FUE y voces relevantes de la educación superior, mantenemos que las prácticas académicas son formación, y su regulación corresponde al Ministerio de Educación y al Ministerio de Universidades, no al Ministerio de Trabajo ni al de Juventud. No es una reivindicación corporativa. Es una cuestión de enfoque que lo condiciona todo: cuando legisla Trabajo, el estudiante en prácticas es un trabajador potencialmente explotado, mientras que cuando legisla Educación es una persona en formación que necesita un proyecto formativo real, tutores competentes y un sistema que garantice su aprendizaje.

España ya tiene ese marco normativo. El Real Decreto 592/2014 establece la doble tutorización, el proyecto formativo, los derechos y garantías de calidad. La LOSU 2023 consolida la responsabilidad institucional de las universidades. La Ley Orgánica 3/2022 de FP comprometió además recursos concretos —formación de tutores, incentivos para entidades colaboradoras, refuerzo de las unidades gestoras— que, tres años después, siguen sin desplegarse a la escala prometida.

Si hay aspectos del marco que clarificar o completar, la Red FUE puede contribuir  a ello. Lo que no parece coherente es que esa tarea la lideren ministerios ajenos a la lógica educativa, sin coordinación con quienes tienen la competencia, y con instrumentos —denuncia anónima, sanciones, inspección laboral— diseñados para regular el trabajo, no para proteger la formación. Las políticas educativas tienen consecuencias que se miden en años. Los estudiantes de hoy no pueden ser el banco de pruebas de una disputa de competencias entre ministerios.

3. El anonimato como pedagogía: una contradicción de valores

Hay una dimensión de este debate que trasciende lo técnico y lo jurídico y que merece ser nombrada con claridad: el Gobierno está enviando a los jóvenes un mensaje pedagógico contradictorio.

El sistema educativo, las políticas de juventud y la propia sociedad llevan años trabajando para que los jóvenes comprendan que el anonimato en entornos digitales no es una patente de corso, que detrás de una pantalla también hay responsabilidad, que la convivencia democrática —en las aulas, en las redes sociales, en los entornos laborales— exige dar la cara, construir argumentos, confrontar directamente cuando algo está mal. Es una de las competencias cívicas más importantes que podemos transmitir a las nuevas generaciones.

Y ahora los mismos responsables políticos  que predican esos valores le dicen al estudiante en formación práctica: si tienes un problema, no lo hables con tu tutor académico, no lo pongas en conocimiento de la universidad, no confrontes directamente con la entidad. Denúncialo de forma anónima a través de un formulario.

Se institucionaliza así la queja anónima como primera respuesta ante una dificultad en el entorno formativo, saltándose todos los mecanismos de diálogo, mediación y resolución que el propio sistema tiene la obligación de ofrecer. Y se hace justo con el colectivo al que más deberíamos estar enseñando a resolver conflictos de forma madura, directa y responsable, porque son personas que están en plena formación, no solo técnica, sino también cívica y profesional.

Hay una segunda capa igualmente preocupante: el buzón convierte al estudiante en informante antes que en interlocutor. Si la primera herramienta que le damos ante una irregularidad es la denuncia anónima, ¿qué le estamos enseñando sobre cómo se resuelven los conflictos en una organización? ¿Qué modelo de relación laboral y cívica estamos construyendo?

El contrapunto es conocido: hay situaciones de abuso real donde el estudiante teme represalias. Eso es cierto, y para esos casos ya existe el buzón general de la Inspección de Trabajo, operativo desde 2013, que permite la denuncia anónima de cualquier irregularidad laboral. Lo que se ha creado ahora no es una herramienta de último recurso para casos extremos: es un canal de primera instancia que normaliza el anonimato como respuesta ordinaria. Esa normalización tiene un coste pedagógico y cívico que los redactores de esta iniciativa  no han valorado.

4. Un modelo sustentado en la responsabilidad social de las empresas

Toda la comunicación gubernamental en torno al buzón y al Estatuto tiene un protagonista inequívoco: la empresa. Las sanciones de hasta 225.000 euros son para «las empresas». El buzón denuncia «malas prácticas de algunas empresas hay empresas que abusan y un Gobierno que protege a los jóvenes frente a ellas. «. La RED-FUE no compartimos esta narrativa.

Ese relato tiene un problema de base: más del 60% de las entidades que acogen estudiantes en prácticas no son empresas privadas. Son hospitales, centros de salud, juzgados, colegios públicos, ayuntamientos, universidades, organismos de investigación, ONG’s y otras entidades del tercer sector. Medicina, Enfermería, Educación, Trabajo Social, Psicología, Derecho —algunas de las titulaciones con mayor volumen de estudiantes en prácticas— las realizan mayoritariamente en entidades públicas o sociales. El empresario privado  es, estadísticamente, la excepción, no la norma.

Y lo que hace este relato especialmente difícil de sostener es que la propia Inspección de Trabajo ha demostrado que los abusos no son patrimonio de la empresa privada. Construir un discurso en torno a «la empresa» como actor del abuso no solo es estadísticamente inexacto. Es un discurso erróneo.

Pero hay una contradicción aún más profunda, y más difícil de explicar, ya que el mismo Ejecutivo  acaba de apostar  su política de Formación Profesional por la empresa como pilar del sistema formativo. La FP Dual, que entra en vigor como modelo general desde el curso 2024-2025, se sostiene íntegramente sobre la disposición de las empresas  a acoger estudiantes, a tutorizarlos, a comprometer tiempo y recursos en su formación. ¿Cómo se sostienen simultáneamente ambas posiciones? ¿Las empresas explotan a los jóvenes en prácticas y al mismo tiempo son socias fiables del sistema de FP Dual? O el relato del abuso empresarial es una simplificación interesada, o la apuesta por la FP Dual es una inconsistencia política de primer orden.

La respuesta real es que la mayoría de las empresas que participan en programas de prácticas lo hacen por responsabilidad social, vocación formativa y confianza institucional construida durante años. Son las que más tienen que perder ante una denuncia anónima sin contexto. Son las más sensibles al cambio de clima regulatorio que estas medidas generan. Y son, paradójicamente, las que el sistema de FP Dual más necesita en este momento, cuando miles de nuevas empresas deben incorporarse a un modelo que acaba de arrancar.

Si el resultado de este ciclo legislativo es que esas entidades reducen su participación —por incertidumbre, por hartazgo o por miedo a una inspección activada por una denuncia anónima mal informada—, el perjuicio recaerá sobre los propios estudiantes que estas medidas pretenden proteger. Los abusos no los cometen las entidades que se retiran: los cometen las que se quedan porque no tienen nada que perder.

5. Un diagnóstico compartido, una solución que llega en el orden equivocado

El dato que el Gobierno cita como justificación de estas medidas es contundente: el 42% de los jóvenes declara haber sufrido alguna forma de explotación laboral a lo largo de su trayectoria. Nadie en el sector de la formación práctica discute que existen abusos reales que deben perseguirse con rigor.

Pero ese mismo dato exige preguntarse si un buzón de denuncias anónimas va a resolverlo. La experiencia de instrumentos similares en España invita al escepticismo: el buzón de fraude laboral de la Inspección de Trabajo, en funcionamiento desde 2013, recibe más de 200 denuncias diarias y genera en torno a 3.500 infracciones confirmadas al año, con una tasa de resolución efectiva inferior al 5% del total de comunicaciones. La mayor parte de la información recibida no es accionable por falta de detalle o por desconocimiento de la estructura interna de la entidad.

La vulnerabilidad del estudiante en prácticas no se resuelve dándole un formulario: se resuelve garantizando que la práctica esté bien diseñada, bien tutorizada y bien supervisada desde el inicio.

Y aquí aparece la contradicción más difícil de justificar. La Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional comprometía recursos concretos para que eso fuera posible: formación para tutores de empresa, incentivos económicos para entidades colaboradoras, refuerzo de las unidades gestoras. Tres años después, esos recursos no han llegado a la escala comprometida. No se han desarrollado programas sistemáticos de formación para tutores. No se han articulado incentivos fiscales o de cotización suficientes para compensar el coste real de tutorizar correctamente a un estudiante. No se han reforzado las unidades de gestión de prácticas que son quienes garantizan sobre el terreno que los convenios se cumplen.

En ese contexto, el Gobierno lanza un buzón y un estatuto con sanciones de hasta 225.000 euros. Se exige más a quienes menos se les ha dado. Se vigila lo que no se ha construido. Se sanciona el incumplimiento de unas condiciones que el propio Ejecutivo  no ha dotado de medios para cumplir.

El orden correcto habría sido el inverso: primero los recursos que hacen posible la tutorización de calidad, luego la exigencia de que esa calidad se garantice. Lo que tenemos es el orden invertido, y esa inversión no es un detalle técnico. Es una elección política que permite reclamar los titulares de protección juvenil sin asumir el coste real de construir el sistema.

6. El CES ya advirtió de falta de estimaciones sólidas sobre el impacto económico

El Dictamen 1/2026 del Consejo Económico y Social, emitido sobre el anteproyecto que ahora se tramita, advirtió con claridad lo que la Red FUE viene señalando. El CES señaló la falta de estimaciones sólidas sobre el impacto económico de la norma y reclamó que las ayudas y compensaciones sean suficientes, estables y de acceso ágil, evitando que queden condicionadas a una excesiva carga administrativa. Fue explícito al señalar que la norma debe aportar los elementos tanto materiales como temporales necesarios para su aplicación real, y alertó de que los costes derivados de la tutorización —tiempo efectivo del tutor, coordinación con los centros educativos— no han sido valorados en la memoria económica del proyecto.

Adicionalmente, a lo largo del proceso de elaboración de esta norma se han alzado numerosas voces desde el propio sistema educativo —universidades, centros de Formación Profesional, entidades gestoras de prácticas, expertos en derecho educativo— reclamando que la regulación de las prácticas académicas es un asunto de competencia educativa, que corresponde al Ministerio de Universidades y al Ministerio de Educación, no a la mesa de diálogo social ni al Ministerio de Trabajo. Esas advertencias, formuladas con rigor y con legitimidad institucional, no fueron atendidas. El resultado es una norma que nace con un déficit de consenso técnico difícil de subsanar en la tramitación parlamentaria.

7. Lo que pedimos: un modelo de calidad con supervisión proactiva

La Red FUE apoya la protección de los estudiantes en formación práctica. A lo que se opone es que se articule exclusivamente como un sistema punitivo, en ausencia de las condiciones que hacen posible la formación práctica de calidad. Proponemos cuatro líneas de acción concretas:

Cumplir los compromisos de recursos ya adquiridos. El Gobierno debe priorizar la dotación real de recursos para la formación de tutores de entidad colaboradora, especialmente en pymes y entidades del tercer sector, y para el fortalecimiento de las unidades gestoras de prácticas. La dualidad no puede ser un mandato sin medios, ni el RD 592/2014 un texto sin aplicación efectiva.

Incentivar antes de sancionar. Un marco de incentivos fiscales y de cotización para las entidades que acrediten tutorización de calidad es incomparablemente más eficaz que el miedo a la sanción. Los modelos alemán y francés lo demuestran: estándares exigentes más apoyo concreto generan sistemas de prácticas sólidos y sostenibles.

Apostar por la supervisión proactiva frente al control reactivo. En lugar de un buzón que espera la denuncia del estudiante más vulnerable, la Administración  debería invertir en capacidad inspectora proactiva, con protocolos de seguimiento sistemático de convenios en los sectores con mayor historial de abuso. El problema no es falta de legislación: es falta de presencia efectiva sobre el terreno.

Reconocer el papel de los organismos intermedios y dotarlos de medios. Las fundaciones, oficinas de prácticas y entidades gestoras que actúan como garantes de la calidad del sistema —cuya función está expresamente reconocida en el RD 592/2014— deben ser reconocidas como agentes clave y dotadas de los recursos necesarios. El propio Dictamen 1/2026 del CES subrayó la importancia de una gestión ágil y sin excesiva carga administrativa. La Red FUE, con décadas de experiencia en la gestión de este modelo, está en condiciones de contribuir activamente a su mejora.

Conclusión

La protección de los estudiantes en formación práctica es una causa justa. Pero las causas justas no se sirven bien con instrumentos inadecuados. Un buzón de denuncias sin el sistema que lo sustente y sanciones sin los recursos que permitan cumplir, generan ruido mediático, pero no cambio estructural.

Nos encontramos, además, ante una iniciativa impulsada sin el consenso de muchas de las entidades directamente implicadas y con mayor experiencia en la gestión de prácticas académicas, como es el caso de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa.

Lo que genera cambio real es un sistema bien diseñado, bien financiado y bien acompañado. Ese es el trabajo que queda por hacer y la Red de Fundaciones Universidad-Empresa está, como siempre ha estado, disponible para contribuir a ese trabajo.

Red de Fundaciones Universidad-Empresa

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